Esta medida, que se alinea con los objetivos de transición energética del Gobierno, busca incentivar la movilidad sostenible y reducir el impacto ambiental del transporte en el país. Los incentivos fiscales principales son dos: una deducción especial en el impuesto sobre la renta y la exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA). La deducción en renta permite a los contribuyentes descontar una porción del valor de la inversión en el vehículo de su base gravable, lo que reduce el monto final del impuesto a pagar. Por su parte, la exclusión del IVA representa un ahorro directo y significativo en el precio de compra del automóvil.

Para acceder a estos beneficios, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.

El vehículo debe ser para uso personal, no comercial, y la compra debe estar debidamente facturada. El requisito más importante es que el automóvil cuente con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual valida que el vehículo cumple con los estándares de eficiencia energética y tecnologías limpias establecidos por la ley. La DIAN aclaró que esta normativa es el resultado de una reconsideración y una revisión técnica que amplía el espectro de beneficiarios, fortaleciendo el marco de incentivos para que los ciudadanos contribuyan a las metas de sostenibilidad del país.