Sostienen que, aunque el recaudo ha aumentado, el gasto estatal crece a un ritmo mayor, lo que genera una presión fiscal insostenible.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, ha sido uno de los críticos más vocales, afirmando que la reforma tributaria de 2022 ya había elevado la tasa combinada de tributación socio-empresa por encima del 60%, lo que, según él, explica la drástica caída en la formación bruta de capital fijo a su nivel más bajo en la historia contemporánea. Este fenómeno se ha reflejado en una marcada desaceleración económica, con un crecimiento del PIB que pasó del 7,3% en 2022 a solo un 0,6% en 2023. Además, se reporta una caída en la inversión extranjera directa de 17.400 millones de dólares en 2022 a menos de 14.500 millones en 2024, y el cambio de residencia fiscal de más de 6.000 grandes contribuyentes. Desde el sector asegurador, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, se sumó a las críticas, calificando la propuesta de aumentar la renta para su sector al 50% como “prácticamente confiscatoria” y aseverando que “una tributación excesiva termina siendo contraproducente”.

Estas voces alertan que insistir en esta ruta fiscal convierte a Colombia en uno de los países más costosos del mundo para invertir, lo que finalmente resulta en un país más pobre.