La propuesta ha generado un intenso debate nacional debido a su profundo impacto en el sector empresarial y la clase media. El proyecto de reforma, calificado como el más ambicioso en la historia reciente, tiene como objetivo declarado garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y asegurar recursos para la inversión social. Entre sus puntos más polémicos se encuentran el aumento del IVA para combustibles, juegos de azar, eventos y vehículos híbridos, así como la eliminación de la exención de IVA para servicios de hospedaje a turistas extranjeros. Además, contempla un endurecimiento del impuesto al patrimonio, elevando la carga sobre las empresas y atacando sectores clave como el financiero y de hidrocarburos con sobretasas en renta que llevarían la tributación nominal por encima del 50%. Críticos como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, argumentan que la política fiscal del gobierno parece “empecinada en destruir empresas”, señalando que la tasa combinada socio-empresa ya superó el 60% con la reforma de 2022, lo que ha provocado una caída histórica en la inversión y una desaceleración del PIB. Según sus análisis, la nueva reforma dispararía aún más esta carga, dejando a Colombia como una de las jurisdicciones más onerosas para la inversión, lo que se refleja en la caída de la inversión extranjera directa y el cambio de residencia fiscal de más de 6.000 grandes contribuyentes.