Su presidente ejecutivo, Gustavo Morales, afirmó que una tarifa del 50 % es “prácticamente confiscatoria” y advirtió que “una tributación excesiva termina siendo contraproducente al limitar la capacidad del sector para aportar al desarrollo”.

En contraste, el superintendente Financiero, César Ferrari, respaldó la medida, argumentando que se alinea con la necesidad de resolver el “problema fiscal grande” que enfrenta el país. Ferrari declaró que “es natural que las empresas que tienen más utilidades contribuyan más”, aunque matizó que no considera que esta deba ser una medida permanente. Columnistas como José Manuel Restrepo también han criticado la propuesta, incluyéndola dentro de lo que consideran un “ataque a sectores claves de la economía” que llevaría la tributación nominal por encima del 50 %. Este choque de visiones refleja la tensión entre la búsqueda de equidad fiscal por parte del Gobierno y las advertencias del sector privado sobre la posible pérdida de competitividad y capacidad de inversión.