El exministro José Manuel Restrepo, en una columna de opinión, califica la iniciativa como un acto deliberado de “jodencia” contra el sector productivo. Argumenta que la tasa combinada de tributación socio-empresa ya supera el 60 % y que la nueva reforma la “dispara todavía más”. Señala que esto ha provocado una caída histórica en la formación bruta de capital fijo, una desaceleración del PIB (de 7,3 % en 2022 a 0,6 % en 2023) y una disminución de la inversión extranjera directa, que pasó de USD 17.400 millones en 2022 a menos de USD 14.500 millones en 2024.

Estas preocupaciones son compartidas por el expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que “con impuestos altos ahuyenta la inversión” y que “el discurso antiempresa del gobierno ahuyenta el capital”. Desde el sector asegurador, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, también se pronunció, calificando la tributación propuesta como “excesiva” y “contraproducente”, ya que limita la capacidad del sector para aportar al desarrollo del país.

Los críticos coinciden en que el encarecimiento del capital no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también a emprendedores, mipymes y, en última instancia, a los trabajadores que podrían perder sus empleos.