Esta estrategia generó un intenso debate en el Congreso, donde surgieron múltiples ponencias.

La propuesta oficialista mantenía el monto intacto, mientras que alternativas, como la de la Alianza Verde, proponían reducir el presupuesto en 10 billones de pesos para disminuir la necesidad de una reforma tributaria tan ambiciosa. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la presentación conjunta de ambos proyectos, asegurando que la tributaria “es una palanca fundamental” para financiar el PGN y que era crucial conocer la disposición del Congreso para avanzar en un acuerdo integral. La discusión estuvo marcada por la presión de los plazos legales y el riesgo de que el presupuesto fuera expedido por decreto si no se lograban consensos, un escenario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo manifestaron querer evitar. Finalmente, el acuerdo para reducir el PGN en 10 billones de pesos demostró que la viabilidad de la reforma tributaria era una condición indispensable para definir el nivel de gasto del Estado, estableciendo un precedente sobre cómo las negociaciones fiscales y presupuestarias están conectadas.