Críticos argumentan que la medida desincentiva la inversión, promueve la fuga de capitales y podría, indirectamente, perjudicar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En su análisis, el exministro José Manuel Restrepo califica la propuesta como “anti-técnica” y destaca que la tarifa contemplada, que en algunos casos llegaría al 5%, sería “el más alto del mundo”. Restrepo vincula directamente este tipo de gravámenes con la decisión de más de 6.000 grandes contribuyentes de cambiar su residencia fiscal y con la caída de la inversión en el país. Más allá del impacto en las grandes fortunas, un informe del Banco de la República, citado en uno de los artículos, advierte sobre los riesgos si este impuesto se extendiera a las pymes. El informe recuerda la experiencia de 2010, cuando una medida similar resultó en una reducción del crédito bancario, pérdida de productividad y la desaparición de empresas. El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, complementa esta visión, afirmando que un impuesto de este tipo “limitaría el acceso a financiamiento barato y distorsionaría el valor real de las compañías”. Los expertos coinciden en que revivir este gravamen para el sector productivo pyme sería un “retroceso” con efectos negativos comprobados sobre la acumulación de capital, el crecimiento y el empleo.