Esta interdependencia generó un intenso debate en el Congreso, donde surgieron múltiples ponencias.

Mientras la bancada oficialista apoyaba el monto total, otras propuestas, como la del Centro Democrático, buscaban un recorte drástico para eliminar por completo la necesidad de una reforma tributaria. Finalmente, prosperó una ponencia alternativa, liderada por congresistas independientes, que propuso y logró un recorte de 10 billones de pesos, fijando el presupuesto en 546,9 billones.

Este consenso fue clave, pues permitió al Gobierno ceder en puntos polémicos de la tributaria, como los impuestos a la gasolina y la cerveza. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en la importancia de lograr acuerdos, calificando la reforma tributaria como una “palanca fundamental” para financiar el presupuesto y ha expresado el deseo del Gobierno de que el PGN sea aprobado por el Congreso y no expedido por decreto, un riesgo latente si no se cumplen los plazos legales.