Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno Nacional para incentivar la transición energética y promover una movilidad más sostenible en el país. Los incentivos fiscales establecidos por la entidad son principalmente dos: una deducción especial en el impuesto sobre la renta y la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La deducción permite a los contribuyentes disminuir la base gravable de su declaración de renta, lo que se traduce en un menor impuesto a pagar. Por su parte, la exclusión del IVA representa un ahorro directo y significativo en el precio de compra del vehículo.

Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deben cumplir con requisitos específicos. La norma es clara en que los vehículos deben ser para “uso personal”, excluyendo a empresas o aquellos adquiridos con fines comerciales. Además, es indispensable que el automóvil cuente con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual valida que cumple con los estándares de eficiencia energética y tecnologías limpias definidos en la Ley 1715 de 2014. El trámite para obtener este certificado se realiza directamente ante la UPME, presentando la documentación técnica del vehículo. Estos beneficios buscan aliviar la carga económica de los contribuyentes y hacer más accesible la adopción de tecnologías limpias.