Representantes del sector privado y analistas económicos han expresado una creciente preocupación por la elevada carga tributaria en Colombia, argumentando que se ha vuelto contraproducente y está afectando negativamente la inversión, la competitividad y el crecimiento económico. Las críticas apuntan tanto a la reforma de 2022 como a la nueva propuesta de ley de financiamiento del gobierno Petro. El exministro José Manuel Restrepo ha sido una de las voces más críticas, señalando que la reforma de 2022 ya había aumentado en 20 puntos porcentuales la tasa combinada de tributación, superando el 60%. Sostiene que esto provocó una caída histórica en la formación bruta de capital fijo y una drástica desaceleración del PIB, que pasó de crecer un 7,3% en 2022 a solo un 0,6% en 2023. La nueva reforma, según él, sería la “estocada final”, llevando las tarifas nominales en ciertos sectores por encima del 50%.
Por su parte, el sector asegurador, a través de Fasecolda, ha calificado la propuesta de incrementar su tarifa de renta como “prácticamente confiscatoria”.
Su presidente, Gustavo Morales, sentenció que “una tributación excesiva termina siendo contraproducente al limitar la capacidad del sector para aportar al desarrollo y la estabilidad económica del país”. En una postura diferente, el superintendente Financiero, César Ferrari, justificó la necesidad de mayores aportes de los sectores más rentables para resolver el “problema fiscal grande” que enfrenta el país, aunque reconoció que a largo plazo la estructura tributaria debería enfocarse más en las personas naturales que en las empresas.
En resumenExiste un profundo desacuerdo sobre el impacto de la política fiscal del Gobierno. Mientras el sector privado y varios analistas presentan datos macroeconómicos para argumentar que la alta tributación está ahuyentando la inversión, el Gobierno defiende las medidas como necesarias para la sostenibilidad fiscal y la equidad.