La propuesta ha generado un intenso debate nacional debido a su profundo impacto sobre el sector empresarial y la inversión. El proyecto legislativo contempla un significativo aumento de la carga tributaria para las empresas, lo que ha encendido las alarmas en diversos gremios y centros de pensamiento. Según el análisis del exministro José Manuel Restrepo, la reforma ataca sectores clave como el financiero y el de hidrocarburos, elevando la sobretasa en renta y llevando la tributación nominal por encima del 50%. Además, endurece el impuesto al patrimonio, convirtiéndolo en permanente de manera “anti-técnica”, eleva los gravámenes a los dividendos de inversionistas extranjeros y añade un impuesto al carbono que encarece la operación empresarial. Estas medidas, sumadas a la reforma de 2022, dispararían la tasa combinada socio-empresa, que según cálculos de Uniandes ya superaba el 60%, posicionando a Colombia “entre las jurisdicciones más onerosas para la inversión en el mundo”. Críticos como Restrepo argumentan que esta política fiscal es la causa de la drástica caída del crecimiento del PIB, la reducción de la inversión extranjera directa y la decisión de más de 6.000 grandes contribuyentes de cambiar su residencia fiscal. Por su parte, el superintendente Financiero, César Ferrari, ha defendido la necesidad de que los sectores más rentables aporten más, afirmando que “el país tiene un problema fiscal grande que necesita resolver, y es natural que las empresas que tienen más utilidades contribuyan más”.