Las preocupaciones se centran en cómo nuevos gravámenes podrían frenar la digitalización, limitar el acceso al crédito y afectar la productividad del tejido empresarial del país. Un punto de especial preocupación es la eliminación de la exclusión de IVA para servicios digitales como el hosting y la computación en la nube. Según un análisis, esta medida impactaría a 1,4 millones de microempresas, que constituyen el 94,3% del sector empresarial. A diferencia de las grandes compañías, las microempresas (generalmente personas naturales no responsables de IVA) no pueden descontar este impuesto, convirtiéndolo en un costo directo que encarece su proceso de transformación digital. Por otro lado, el Banco de la República ha advertido sobre los riesgos de incluir a las Pymes en el impuesto al patrimonio, recordando que en reformas pasadas una medida similar provocó una reducción del crédito bancario, mayor dependencia de financiamiento comercial costoso y una pérdida de productividad. El informe del Emisor concluye que revivir este gravamen para las Pymes generaría un “shock fiscal” con consecuencias negativas en el empleo, la inversión y la estructura de capital, significando un retroceso para el motor principal de la economía colombiana.