Proceso Legislativo del Presupuesto 2026 Avanza en Medio de Tensiones y Plazos Ajustados

El debate del Presupuesto General de la Nación para 2026 ha estado marcado por un cronograma ajustado y la amenaza de ser expedido por decreto ante la falta de consensos iniciales en el Congreso. La discusión legislativa se centró en tres ponencias diferentes, reflejando las distintas visiones sobre el nivel de gasto público y la necesidad de una reforma tributaria para financiarlo. La ponencia oficialista, respaldada por el Pacto Histórico, mantenía el monto original de 556,9 billones de pesos. Una segunda ponencia, del Centro Democrático, proponía una drástica reducción a 530 billones para eliminar la necesidad de la ley de financiamiento. Una tercera alternativa, liderada por la Alianza Verde, planteaba un recorte intermedio de 10 billones, que finalmente fue la base del acuerdo alcanzado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo un llamado a la “voluntad para encontrar consensos” para evitar un “decretazo”, un escenario que se materializaría si el Congreso no aprobaba el proyecto antes del 20 de octubre. La representante Olga Lucía Velásquez expresó su rechazo a esta posibilidad: “Me niego a creer que se vaya otra vez un presupuesto por decreto, porque si esta comisión no es capaz de sacar adelante el presupuesto, ¿para qué existe?”. La presión de los plazos legales, que establecían el 25 de septiembre como fecha límite para el primer debate, fue un factor determinante en las negociaciones que culminaron con la aprobación de un presupuesto de 546,9 billones, evitando así una crisis institucional.

En resumen

El trámite del presupuesto de 2026 fue un complejo proceso legislativo caracterizado por la existencia de múltiples propuestas y la presión de los plazos. El acuerdo final para reducir el monto en 10 billones de pesos fue una solución de consenso que evitó la expedición por decreto y sentó las bases para la discusión de una reforma tributaria ajustada.

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