Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno Nacional para avanzar en la transición energética y fomentar una movilidad más sostenible en el país.

Los incentivos fiscales establecidos son dos principalmente.

El primero es una deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite a los contribuyentes disminuir la base gravable al descontar una porción del valor de la inversión en el vehículo. El segundo beneficio es la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA), lo que se traduce en un ahorro directo y significativo sobre el precio de compra del automóvil.

Para acceder a estas ventajas, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.

Los beneficios aplican exclusivamente a personas naturales que compren los vehículos para uso personal, no para fines comerciales o empresariales. Además, es un requisito fundamental que los vehículos cuenten con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual valida que cumplen con los estándares de eficiencia energética y tecnologías limpias establecidos por la ley. La DIAN también aclaró que los contribuyentes deben cumplir con todos los requisitos de facturación para que la operación sea válida y se puedan aplicar los alivios fiscales. Estos incentivos buscan aliviar la carga económica de los contribuyentes y, al mismo tiempo, estimular la adopción de tecnologías limpias para reducir el impacto ambiental del transporte terrestre.