Esta alternativa también buscaba eliminar artículos considerados “peligrosos” que afectaban las vigencias futuras y los recursos pensionales de los entes territoriales.

La existencia de estas tres posturas obligó a una intensa negociación política contrarreloj, ya que el Congreso tenía un plazo legal ajustado para aprobar el monto en primer debate, con la amenaza de que el Gobierno pudiera expedir el presupuesto por decreto si no se llegaba a un acuerdo.