Esta medida, que surge de una reinterpretación normativa, busca incentivar la transición hacia una movilidad más sostenible y reducir el impacto ambiental del transporte en el país.

Los incentivos fiscales establecidos por la entidad son dos.

El primero es una deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite a los contribuyentes descontar una porción del valor del vehículo de su base gravable, lo que resulta en un menor impuesto a pagar. El segundo beneficio es la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA), lo que se traduce en un ahorro directo y significativo en el precio de compra del automóvil.

Para acceder a estas ventajas, los contribuyentes deben cumplir con requisitos específicos.

Es indispensable que el vehículo sea para uso personal, ya que la norma excluye explícitamente a empresas o vehículos adquiridos con fines comerciales. Además, los automóviles deben contar con la certificación emitida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que valida que cumplen con los estándares de eficiencia energética y tecnologías limpias establecidos por la ley. La DIAN también aclaró que es fundamental cumplir con todos los requisitos de facturación para que los beneficios sean aplicables. Estas medidas forman parte de una estrategia gubernamental más amplia para fomentar la adopción de tecnologías limpias y avanzar en los objetivos de sostenibilidad energética de Colombia.