Esta propuesta generó una fuerte resistencia en el legislativo, donde surgieron ponencias alternativas.

Una, del Centro Democrático, proponía un recorte drástico a $530 billones para eliminar por completo la necesidad de nuevos impuestos. Otra, liderada por congresistas de centro como Olga Lucía Velásquez, planteaba una solución intermedia: reducir el presupuesto en $10 billones.

Esta última opción fue la que finalmente ganó tracción, al ser vista como un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y las necesidades de inversión del país. La senadora Angélica Lozano describió la propuesta gubernamental como un “presupuesto inflado, ilusorio y con financiamiento”, mientras que la alternativa de reducción fue considerada más realista. Con la aprobación del monto ajustado, los recursos destinados a inversión quedaron fijados en aproximadamente $85 billones.

Aunque algunos expertos consideran que el recorte es insuficiente para el reto fiscal que enfrenta Colombia, la decisión del Congreso fue fundamental para destrabar la discusión y sentar las bases para una reforma tributaria de menor envergadura.