Esta medida afectaría desproporcionadamente a las microempresas, que constituyen el 94,3% del tejido empresarial del país. A diferencia de las grandes compañías (régimen común), las microempresas (régimen simplificado) no pueden descontar el IVA pagado, convirtiéndolo en un costo directo que podría frenar su transformación digital y encarecer sus precios finales.

Por otro lado, la propuesta de aumentar el IVA a la gasolina, etanol y ACPM ha sido calificada por opositores como la representante Katherine Miranda como una medida que “encarecerá la canasta familiar”.

Este incremento en los combustibles tendría un efecto inflacionario en cadena, afectando los costos de transporte de alimentos y mercancías, lo que se traduciría en mayores precios para el consumidor final. Estas propuestas han sido el principal argumento de quienes se oponen a la reforma, al considerarlas un golpe directo al bolsillo de la clase media y a la sostenibilidad de los pequeños negocios.