El proyecto, que busca recaudar $26,3 billones, es considerado por sus críticos como un golpe a los sectores productivos y un desincentivo a la inversión.

En el ámbito político, el enfrentamiento ha sido notorio.

La representante Katherine Miranda, designada coordinadora ponente, prometió hundir la iniciativa, a lo que el presidente Gustavo Petro respondió acusándola de causar un “inmenso mal a Colombia” por “ignorancia económica y odio político”. Miranda replicó: “Presidente Petro, me tocó a mí hacer el trabajo que a usted le quedó grande: proteger a los hogares vulnerables y a la clase media”.

Desde el Centro Democrático, los precandidatos presidenciales también han criticado la carga tributaria y el aumento del gasto público, proponiendo un plan de austeridad. Técnicamente, las alarmas provienen de entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que advirtió que la reforma no es la solución a los problemas fiscales y que “muchas de las propuestas son inconvenientes pues desincentivan el ahorro y la inversión”. Esta visión es compartida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que ha pedido un fuerte ajuste para reducir el déficit fiscal. Los opositores argumentan que el articulado golpea a la clase media y a los sectores productivos, lo que podría frenar la reactivación económica.