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La Reforma Tributaria como Condición para Financiar el Presupuesto 2026

El Gobierno Nacional ha condicionado la viabilidad del presupuesto de $557 billones para 2026 a la aprobación de una nueva ley de financiamiento, o reforma tributaria, que busca recaudar $26,3 billones. Esta vinculación ha generado un tenso debate sobre la responsabilidad fiscal y ha avivado el temor de que el presupuesto termine siendo expedido por decreto si no se logran acuerdos en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la necesidad de la reforma como una “palanca fundamental” para financiar el PGN, insistiendo en que ambas discusiones deben ir de la mano para garantizar la coherencia macroeconómica. Según el Gobierno, estos recursos son clave para la inversión social y la estabilización de las finanzas públicas. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por congresistas de oposición, quienes exigen que primero se revise el presupuesto de forma independiente y luego se analicen las necesidades de financiamiento. La principal preocupación en el legislativo es el riesgo de un “decretazo”, un escenario en el que, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, el Ejecutivo puede expedirlo tal como fue radicado. El ministro Ávila ha manifestado el deseo del Gobierno de que el presupuesto sea fruto de una ley, pero ha condicionado esto a la “voluntad también de encontrar consensos”. Esta situación pone al Congreso en una encrucijada: aprobar un presupuesto que depende de una reforma impopular o arriesgarse a que el Gobierno lo imponga sin debate.

En resumen

La financiación del presupuesto 2026 depende de una controversial reforma tributaria, una estrategia gubernamental que ha generado resistencia en el Congreso. La discusión está marcada por la presión del tiempo y la posibilidad de que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto, lo que limita el margen de maniobra del legislativo.