El expresidente Álvaro Uribe ha calificado la situación de “tormenta perfecta”, destacando un déficit elevado y una deuda pública que ronda el 70% del PIB. Un análisis detallado muestra que, si bien la inversión ha crecido un 27,6% desde 2022, los gastos de funcionamiento se han disparado en un 74,1% en el mismo período. Este incremento se atribuye en parte al aumento de la nómina estatal y a la proliferación de contratos por prestación de servicios (OPS). Frente a este escenario, la reforma busca recaudar 26 billones de pesos adicionales. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calcula que el faltante real en el presupuesto es de 45,4 billones. Políticos de oposición, como el precandidato Miguel Uribe Londoño, proponen un plan de austeridad drástico para recortar 20 billones en gastos de personal y funcionamiento, argumentando que es necesario “hacer un apretón muy fuerte”. Esta visión contrasta con la del Gobierno, que considera indispensable el recaudo adicional para sostener sus programas sociales y de inversión.