Uno de los elementos más polémicos de la nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional es la inclusión de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la gasolina, el etanol y el ACPM. Esta medida ha sido duramente criticada por sus potenciales efectos inflacionarios, que afectarían directamente el bolsillo de los colombianos. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, una de las voces más críticas contra la reforma, ha centrado su oposición en este punto, argumentando que gravar los combustibles “encarecerá la canasta familiar y el transporte de alimentos”. Su postura refleja la preocupación de que un aumento en los costos del transporte se traslade inevitablemente a los precios de los productos básicos, impactando con mayor fuerza a los hogares de ingresos medios y bajos.
La controversia ha trascendido el debate nacional, generando inquietud a nivel local.
En Bogotá, el concejal Julián Espinosa utilizó este argumento para solicitar el aplazamiento de la reforma tributaria distrital, advirtiendo que los ciudadanos podrían enfrentar una “doble tributación”. Según Espinosa, los bogotanos no solo pagarían más por la gasolina debido al IVA nacional, sino que también podrían ver aumentos en impuestos locales como el ICA para actividades comerciales dependientes del transporte.
Esta situación evidencia cómo una medida fiscal de alcance nacional puede tener repercusiones directas y magnificadas en las economías locales.
En resumenLa propuesta de imponer IVA a los combustibles se ha consolidado como el aspecto más controversial de la reforma tributaria, generando una fuerte oposición que advierte sobre un inevitable aumento en el costo de vida para la mayoría de los colombianos.