El proyecto plantea una serie de ajustes significativos que afectan a personas naturales y empresas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a la gasolina, el diésel y las bebidas alcohólicas, una medida que, según el propio Ministerio de Hacienda, podría añadir hasta 0,44 puntos porcentuales a la inflación. Adicionalmente, se elevan las tarifas marginales del impuesto sobre la renta hasta un 41 %, se reduce la base exenta del impuesto al patrimonio de 72.000 a 40.000 UVT, ampliando el número de contribuyentes, y se crean sobretasas para los sectores financiero y extractivo.

La iniciativa también ha desatado un fuerte enfrentamiento político. La representante Katherine Miranda ha prometido hundir la reforma, argumentando que "carece de apoyo en el Congreso y el país", a lo que el presidente Gustavo Petro respondió acusándola de actuar por "ignorancia económica y odio político" y de causar un "inmenso mal a Colombia". Centros de pensamiento como ANIF han advertido que la reforma es "inconveniente" porque desincentiva el ahorro y la inversión, mientras que gremios económicos del Huila han manifestado su rechazo, señalando que el aumento de impuestos a los combustibles afectará directamente los costos del sector agropecuario y la canasta familiar. El Gobierno justifica la reforma por la necesidad de cubrir huecos fiscales derivados del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y los subsidios a la energía.