El presidente Gustavo Petro anunció la intención de imponer una contribución de valorización a los predios ubicados en el área de influencia de las nuevas vías que conectan Montería y Sincelejo con Tolú. La propuesta, justificada por el aumento de valor que las obras públicas generarán en estas tierras, ha provocado un fuerte rechazo por parte de líderes políticos y gremios de la región. Según el mandatario, “los hacendados que están al lado de las carreteras que estamos haciendo deben pagar valorización”, argumentando que es una forma de retribuir la inversión estatal. Sin embargo, la medida ha sido calificada como una carga tributaria injusta que afectaría la sostenibilidad económica de los sectores agropecuario y comercial. El senador Marcos Daniel Pineda manifestó su inconformidad en la plenaria del Senado, afirmando que la región ya ha pagado con creces por estas obras a través de un alto número de peajes.
“Las obras viales de Córdoba y Sucre no son gracias a este Gobierno. Son el resultado de administraciones anteriores y, además, ya las hemos pagado con creces: Córdoba con 8 peajes y Sucre con 4”, advirtió el congresista.
Pineda también señaló que la propuesta demuestra un “claro desconocimiento del territorio”, ya que muchos de los predios afectados no son grandes haciendas, sino que pertenecen a campesinos y familias de corregimientos y veredas que tendrían que asumir el nuevo tributo. El debate sobre la implementación de este impuesto de valorización se intensifica, con sectores locales pidiendo más inversión en lugar de nuevas cargas impositivas.
En resumenLa propuesta del Gobierno Nacional de aplicar un impuesto de valorización en zonas de Córdoba y Sucre ha sido rechazada por líderes regionales, quienes argumentan que la zona ya soporta una alta carga de peajes y que el nuevo tributo afectaría principalmente a pequeños propietarios y campesinos.