Esta declaración ha sido interpretada por analistas como un emplazamiento directo al Congreso.

La situación se complicó cuando se venció el plazo legal para la aprobación del monto del presupuesto, lo que, según analistas como Amylkar Acosta, "allanó el camino al Presidente Petro para que este decrete, una vez más, el PGN para el año entrante". Decretar el presupuesto le permitiría al Ejecutivo evitar recortes propuestos por congresistas, que oscilaban entre $6,9 y $39,5 billones, y mantener el monto deseado.

Sin embargo, sin la aprobación de la reforma tributaria, el presupuesto quedaría desfinanciado, lo que obligaría a un ajuste fiscal severo. Un análisis de la Universidad de San Buenaventura advierte que, si la reforma es rechazada, los recortes tendrían que ser de $26 billones y se aplicarían sobre subsidios y proyectos de inversión, afectando directamente a los ciudadanos con alzas en gasolina, electricidad y transporte. Este escenario de incertidumbre económica y presión política definirá el rumbo de las finanzas públicas del país en el corto plazo.