Además, se eliminan beneficios fiscales como el descuento por dividendos y la deducción por dependientes.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la reforma propone reducir la base exenta de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que equivale a unos $1.992 millones, ampliando así el número de personas obligadas a tributar.

A esto se suman tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, criticó estas medidas, afirmando que "se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido". Argumentó que una persona con ingresos de $10,2 millones mensuales "no es una persona que esté llevando su plata a paraísos fiscales", por lo que la carga recae sobre contribuyentes ya formales en lugar de combatir la evasión de grandes capitales, que se estima en un 8% del PIB. Expertos en gestión patrimonial, como Mauricio Marín Elizalde, advierten que "lo que está en juego es la seguridad patrimonial de las familias y empresas", y recomiendan una planeación fiscal preventiva para mitigar los efectos.