Sin embargo, esta postura oficial contrasta con análisis que advierten sobre posibles consecuencias económicas y políticas a mediano plazo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se sumó al rechazo de la Cancillería, calificando la decisión como "meramente política" y desconociendo los avances de Colombia. La cartera económica sostuvo que el país mantiene una senda de crecimiento sólida, respaldada por indicadores positivos en comercio e industria, y que no existe riesgo para la confianza macroeconómica. En un comunicado, el ministerio recalcó que "los mercados internacionales mantienen confianza en la economía colombiana, lo que se evidencia en la estabilidad de la inversión extranjera y en la trayectoria positiva de la deuda soberana".

Esta visión optimista es cuestionada desde otras perspectivas.

Un análisis publicado en varios medios advierte que la descertificación podría tener consecuencias en tres frentes: seguridad, por la posible reducción de asistencia; política exterior, por el debilitamiento de la legitimidad internacional; y economía, donde "la pérdida de confianza se traduce en menor inversión extranjera y mercados menos accesibles para las exportaciones clave". Esta dualidad de visiones refleja la incertidumbre sobre los efectos reales de la medida diplomática en el panorama fiscal y de inversión del país.