El considerable aumento del gasto público y el consecuente déficit fiscal se han convertido en un tema central del debate económico en Colombia, generando preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas del país. Críticos y centros de pensamiento advierten que el ritmo de crecimiento del presupuesto, especialmente en gastos de funcionamiento, no se corresponde con la capacidad de recaudo, lo que ha llevado al Gobierno a proponer una nueva reforma tributaria para cubrir el faltante. Según diversos análisis, el presupuesto propuesto para 2026, de $556 billones, representa un crecimiento del 58,7 % en comparación con el de 2023. El mayor incremento se observa en los gastos de funcionamiento, que han subido un 74,1 % desde 2022, impulsados por un aumento en la nómina estatal y un disparo en la contratación por prestación de servicios (OPS). El columnista Amylkar Acosta Medina califica este fenómeno como una "hipertrofia de la burocracia".
Esta expansión del gasto, combinada con un recaudo que no cumple las expectativas, proyecta un déficit fiscal del 7,1 % del PIB para el cierre del año.
El centro de estudios ANIF critica que, a pesar de la necesidad de austeridad, "el Gobierno se ha negado a hacer un recorte sustancial". La situación fiscal es una de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar la reforma tributaria, mencionando presiones como el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, para analistas como los de Fedesarrollo y ANIF, la solución debería partir de una reducción del gasto antes que de un aumento de impuestos.