Estas iniciativas reflejan un esfuerzo coordinado para proteger los ingresos fiscales y la economía legal a nivel regional y nacional.

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La evasión fiscal y el contrabando se han consolidado como un grave problema para las finanzas públicas en Colombia, generando pérdidas billonarias en recaudo que limitan la capacidad de inversión del Estado. Ante esta situación, autoridades departamentales y nacionales han anunciado el fortalecimiento de sus estrategias para combatir estas prácticas ilegales que afectan la economía formal. El contrabando de cigarrillos ha alcanzado un nivel récord, representando el 36 % del consumo nacional, según un estudio de la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer. Esta cifra se dispara en departamentos como La Guajira (87 %) y Cesar (81 %), y se estima que entre 2017 y 2024 el país ha dejado de recaudar $5,3 billones por este delito. En respuesta, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la FND y FENALCO han fortalecido la estrategia "Zonas de Comercio Legal" para promover la venta de productos legales desde las tiendas de barrio. De manera paralela, en el Tolima, la Gobernación instaló el primer Comité Interinstitucional Antievasión de 2025, que reúne a la DIAN, la Policía, la Fiscalía y otras entidades para coordinar acciones operativas. La secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Andrea Páramo García, destacó los resultados de 2024, con más de 37 mil unidades de productos de contrabando aprendidas, e hizo un llamado a los comerciantes "a que denuncien, a que informen cualquier anormalidad".
Estas iniciativas reflejan un esfuerzo coordinado para proteger los ingresos fiscales y la economía legal a nivel regional y nacional.
El Gobierno prevé un significativo aumento del salario mínimo para 2026, posiblemente superior al 7% real. Esto podría incrementar la inflación en los servicios intensivos en mano de obra, dificultando su tendencia a la baja en 2025.
El contrato de Win Sports con la Dimayor finaliza el 31 de diciembre de 2026, por lo que desde ya se especula sobre quién se quedaría con los derechos del FPC.
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El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, destinó más de $3.500 millones para fortalecer la producción cafetera de mujeres rurales en Tolima, impulsando su liderazgo y el desarrollo sostenible del campo colombiano.