La medida, que busca que los propietarios de tierras contribuyan a financiar la infraestructura que incrementa el valor de sus bienes, enfrenta la oposición de líderes políticos y gremios de la región, quienes la califican como una carga tributaria injusta y desproporcionada. El presidente Petro argumentó que "los hacendados que están al lado de las carreteras que estamos haciendo deben pagar valorización", al considerar que las obras públicas generan una plusvalía directa sobre sus propiedades.

Sin embargo, esta visión ha sido rebatida enérgicamente desde el Congreso.

El senador Marcos Daniel Pineda manifestó su "inconformidad y rechazo", afirmando que la región Caribe "ya pagó con creces" a través de una alta densidad de peajes, con 8 en Córdoba y 4 en Sucre.

Pineda también señaló que la propuesta demuestra un "claro desconocimiento del territorio", ya que afectaría no solo a grandes hacendados, sino también a campesinos y pequeñas comunidades rurales del complejo cenagoso del Bajo Sinú. Gremios y productores locales se han sumado a las críticas, advirtiendo que un cobro adicional impactaría negativamente la sostenibilidad del sector agropecuario y comercial, que ya enfrenta altos costos de producción e impuestos. La controversia pone de manifiesto la tensión entre la necesidad del Gobierno de encontrar fuentes de financiación para la infraestructura y la percepción de una carga fiscal excesiva por parte de las regiones.