La discusión parlamentaria será crucial para definir el futuro fiscal del país.

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El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República la "Ley de Financiamiento 2025", una nueva reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones para cubrir un déficit en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. La propuesta ha generado un intenso debate y ha sido objeto de críticas por parte de gremios económicos, centros de pensamiento y la oposición, quienes advierten sobre sus posibles efectos negativos en la economía. El proyecto de ley contempla una serie de ajustes que impactarían directamente a ciudadanos y empresas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la aplicación de un IVA del 19 % a la gasolina y el ACPM, el aumento de la misma tarifa para vehículos híbridos (del 5 % al 19 %), y nuevos gravámenes a eventos culturales, apuestas y servicios digitales. Adicionalmente, se proponen cambios en el impuesto de renta para personas naturales, elevando las tarifas marginales hasta el 41 %, y se reduce la base exenta para el impuesto al patrimonio, lo que ampliaría el número de contribuyentes. Gremios como Fenalco Huila y centros de pensamiento como ANIF han manifestado su rechazo, argumentando que la reforma desincentivará el ahorro y la inversión, generará presiones inflacionarias y afectará la competitividad de sectores clave como el agropecuario y el turismo. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, criticó el enfoque de la reforma, señalando que "se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido" en lugar de combatir la evasión. Ante la fuerte oposición, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a negociar y considera una reducción de la meta de recaudo en $10 billones, dejándola en $16,3 billones, lo que implicaría un recorte equivalente en el PGN.
La discusión parlamentaria será crucial para definir el futuro fiscal del país.
El Gobierno prevé un significativo aumento del salario mínimo para 2026, posiblemente superior al 7% real. Esto podría incrementar la inflación en los servicios intensivos en mano de obra, dificultando su tendencia a la baja en 2025.
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El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, destinó más de $3.500 millones para fortalecer la producción cafetera de mujeres rurales en Tolima, impulsando su liderazgo y el desarrollo sostenible del campo colombiano.