Esta situación fiscal ha encendido las alarmas y es el principal argumento del Ejecutivo para buscar nuevas fuentes de ingreso.

Las cifras revelan un panorama preocupante.

Mientras los gastos de funcionamiento del Gobierno han crecido un 74,1% desde 2022, el recaudo tributario en 2024 fue de solo $243,6 billones, una caída significativa frente a los $279,4 billones de 2023. Esta disminución se atribuye a múltiples factores, como la desaceleración económica, un mal cálculo en los anticipos de renta y el pobre desempeño de sectores clave como el minero-energético. Como resultado, se proyecta un déficit del 7,1% del PIB para el año en curso.

Centros de pensamiento como ANIF y Fedesarrollo han señalado que el Gobierno ha sobreestimado sistemáticamente los ingresos mientras aumenta el gasto de manera desproporcionada.

La nueva ley de financiamiento es, por tanto, una medida de choque para intentar cerrar una brecha fiscal que, según la CARF, asciende a $45,4 billones, y evitar un ajuste más drástico en la inversión pública o un mayor endeudamiento.