Sostienen que las exenciones tributarias a las iglesias favorecen a ciertas religiones sobre otras y sobre quienes no practican ninguna, además de ignorar que algunas congregaciones han acumulado grandes fortunas. El debate, por tanto, se mueve entre la defensa del rol social de las iglesias y la exigencia de equidad fiscal y un control más estricto sobre patrimonios que, según la DIAN, ascienden a $19 billones.