Las medidas buscan aumentar la progresividad del sistema fiscal, pero han sido criticadas por su posible impacto en la inversión y el ahorro. En cuanto al impuesto sobre la renta, la reforma eleva las tarifas marginales hasta un 41% para ingresos que superen las 4.100 UVT anuales. Además, se eliminan beneficios tributarios como el descuento por dividendos y la deducción por dependientes, lo que en la práctica incrementa la carga efectiva para muchos contribuyentes. En el impuesto al patrimonio, la propuesta reduce la base exenta de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.992 millones), ampliando el universo de personas obligadas a declarar y pagar.

A su vez, se establecen tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%.

Expertos como el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, han cuestionado estas medidas, argumentando que se enfoca en personas de altos ingresos que ya tributan, en lugar de combatir la evasión de los grandes capitales. ANIF también advirtió que un impuesto al patrimonio elevado genera doble tributación y podría desincentivar la acumulación de riqueza e incluso provocar la fuga de capitales, afectando la inversión en el país.