La propuesta de reforma tributaria del Gobierno ha enfrentado una fuerte oposición por parte de centros de pensamiento, gremios económicos y expertos, quienes advierten sobre sus potenciales efectos negativos en la economía y la equidad fiscal. Las críticas se centran en que la iniciativa sobrecarga a los contribuyentes existentes en lugar de ampliar la base y combatir la evasión. El centro de estudios ANIF ha señalado que la reforma no busca reducir el déficit fiscal, sino financiar un gasto público creciente y difícil de justificar, insistiendo en que “una estrategia fiscal responsable debe partir de una reducción significativa del gasto público”. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, calificó la propuesta como un reflejo de un “grave problema de planificación financiera”, con “montos desbordados y baja capacidad de recaudo”.
Gremios como Fenalco y diversas asociaciones del Huila han rechazado el proyecto, argumentando que golpeará el bolsillo de las familias, afectará al comercio formal y restará competitividad a las regiones. Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, se sumó a las críticas, afirmando que se le está “subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido” en vez de perseguir a los grandes evasores. Las principales preocupaciones radican en el desincentivo al ahorro y la inversión, el aumento de la presión inflacionaria a través de impuestos indirectos y la falta de medidas contundentes para mejorar la eficiencia del Estado y reducir la corrupción.
En resumenDiversos sectores económicos y académicos critican duramente la reforma tributaria, argumentando que castiga a los contribuyentes cumplidos, desincentiva la inversión y no aborda el problema de fondo del gasto público ineficiente.