Si el país quiere recursos, debe atraer inversión, no ahuyentarla”.

La propuesta también genera un entorno poco competitivo para la inversión extranjera, que enfrenta una tarifa del 35% sobre sociedades y un 30% adicional sobre dividendos para no residentes. La eliminación abrupta de exenciones en sectores como hotelería o energías renovables también podría frenar la inversión en regiones y actividades estratégicas, afectando la confianza empresarial y el desarrollo de nuevos proyectos.