La reforma tributaria ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que las iglesias paguen impuestos por sus actividades comerciales no relacionadas directamente con el culto. La propuesta del Gobierno busca que las congregaciones religiosas que obtengan ingresos de negocios como cafeterías, hoteles, estacionamientos o venta de artículos tributen bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta. El Ministerio de Hacienda ha aclarado que “no se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia, sólo las actividades comerciales”. Esta iniciativa se sustenta en el principio de equidad tributaria y en el hecho de que el patrimonio líquido de las iglesias en Colombia asciende a $19 billones, según la DIAN.
Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia del sector religioso.
Pastores y representantes argumentan que estas actividades no buscan un “lucro personal”, sino financiar obras sociales y de construcción de tejido social que a menudo suplen la ausencia del Estado. Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de Neiva, señaló que el objetivo “no es el enriquecimiento, sino la construcción de tejido social”. Por otro lado, centros de pensamiento como Dejusticia han defendido la medida, argumentando que las exenciones actuales vulneran el principio de Estado laico y favorecen a religiones institucionalizadas, ignorando que algunas iglesias han amasado grandes fortunas.
En resumenLa reforma tributaria revive la polémica sobre gravar las actividades comerciales de las iglesias. Mientras el Gobierno y algunos analistas lo consideran una medida de equidad fiscal, los líderes religiosos se oponen, argumentando que dichos ingresos se reinvierten en su misión social y no constituyen un ánimo de lucro.