Gremios agrícolas y analistas advierten que esto encarecería los fletes y, por ende, los precios de los alimentos y bienes básicos, generando presiones inflacionarias.

El Gobierno, por su parte, ha minimizado este impacto, aunque la fuerte oposición lo ha llevado a considerar la eliminación de esta medida.

Otro frente de controversia es el aumento de impuestos a bebidas alcohólicas como cervezas, refajos, rones y aguardientes. Se estima que el precio de una botella de aguardiente podría incrementarse hasta en un 62%, lo que, según Asobares y Fenalco, no solo afectaría a los consumidores sino que también podría fomentar el contrabando y perjudicar las finanzas de las licoreras departamentales. Adicionalmente, el proyecto propone un impuesto al consumo del 19% para actividades de esparcimiento y eventos culturales cuyo valor supere los $500.000, una medida que Fenalco califica como un “golpe directo al acceso de los ciudadanos a la cultura y el entretenimiento”. Estas propuestas son vistas por los críticos como regresivas, ya que impactan de manera desproporcionada a las clases medias y bajas.