La ley de financiamiento propuesta introduce cambios significativos en la tributación de las personas naturales, afectando principalmente a quienes tienen ingresos y patrimonios medios y altos. Se contempla elevar las tarifas marginales del impuesto sobre la renta hasta un 41% para ingresos superiores a 4.100 UVT, lo que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, afectaría a quienes ganan más de $10,2 millones mensuales. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, cuestionó esta medida, argumentando que “se le está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido” en lugar de enfocarse en los grandes evasores. En cuanto al impuesto al patrimonio, la reforma propone reducir la base exenta de 72.000 UVT a 40.000 UVT, equivalentes a aproximadamente $1.992 millones.
Esta modificación ampliaría considerablemente el número de contribuyentes obligados a pagar este tributo, con tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%.
Analistas como ANIF han criticado el impuesto al patrimonio por generar una doble tributación y desincentivar la acumulación de riqueza y la inversión. Además, se eliminan beneficios fiscales como el descuento por dividendos y la deducción por dependientes, lo que incrementa la carga efectiva para muchos contribuyentes. Estos ajustes buscan aumentar la progresividad del sistema, pero generan preocupación por su impacto en el ahorro y la capacidad de inversión de la clase media y alta.
En resumenLa reforma tributaria busca aumentar el recaudo de personas naturales elevando las tarifas de renta para ingresos altos y ampliando la base del impuesto al patrimonio. Si bien el Gobierno defiende estas medidas por razones de equidad, críticos como el exdirector de la DIAN advierten que se sobrecarga a los contribuyentes cumplidos y se desincentiva la inversión.