Uno de los puntos clave de la negociación es la eliminación del propuesto incremento gradual del IVA a los combustibles (gasolina y ACPM), una medida criticada por su potencial impacto inflacionario en la canasta básica familiar. Esta negociación refleja la necesidad del Gobierno de asegurar el apoyo legislativo en un Congreso fragmentado, especialmente en un periodo preelectoral, para evitar que tanto el presupuesto como la reforma sean rechazados en su totalidad. La estrategia busca un acuerdo que permita aprobar un presupuesto financiado, aunque con un alcance menor al inicialmente planteado.