Gremios económicos, centros de pensamiento y sectores productivos regionales han manifestado un rechazo contundente a la reforma tributaria. La principal crítica es que la iniciativa busca financiar un gasto público expansivo en lugar de implementar una política de austeridad fiscal. El centro de estudios ANIF, por ejemplo, espera que el Congreso rechace el proyecto porque no reduce el déficit, sino que financia un mayor gasto “en un contexto donde el presupuesto ya crece a un ritmo difícil de justificar”. En su análisis, ANIF insiste en que “una estrategia fiscal responsable debe partir de una reducción significativa del gasto público”.
De manera similar, la ANDI ha hecho un llamado a la sostenibilidad fiscal, sugiriendo un recorte presupuestario de alrededor de $45 billones.
Su presidente, Bruce Mac Master, advirtió que “los mayores impuestos producirían, no sólo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo”. Desde las regiones, gremios del Huila como Fenalco y el Comité de Ganaderos se han opuesto firmemente, señalando el impacto negativo del aumento de impuestos a los combustibles en los costos de producción agrícola y, en consecuencia, en la canasta familiar. La percepción generalizada en el sector privado es que el Gobierno debe priorizar la eficiencia administrativa y el control del gasto antes de incrementar la carga impositiva sobre los mismos contribuyentes.
En resumenUn amplio frente de asociaciones empresariales y tanques de pensamiento, incluyendo ANIF y la ANDI, se opone a la reforma tributaria. Argumentan que el Gobierno debe enfocarse en reducir el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa en vez de aumentar una carga tributaria que podría generar inflación y afectar la competitividad del país.