La propuesta presupuestaria para 2026 asciende a $556,9 billones, pero enfrenta un desfinanciamiento que el Gobierno busca subsanar con nuevos ingresos tributarios.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha justificado la medida argumentando la necesidad de atender el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), los subsidios de energía y gas, y los pagos de un crédito del FMI. El presidente Gustavo Petro ha advertido que sin la aprobación de la ley, el país tendría que recurrir a un mayor endeudamiento, afirmando que “el Estado va a quebrar si el Senado no aprueba la Ley de financiamiento”. Esta postura contrasta con la de expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien critica la falta de austeridad y planificación, señalando que se presentan “montos desbordados y baja capacidad de recaudo”. Además, el Gobierno ha recurrido a la Cláusula de escape de la Regla Fiscal para tener mayor flexibilidad en el gasto, una decisión que ha sido cuestionada por centros de pensamiento que abogan por un ajuste en las cuentas públicas antes de incrementar la carga impositiva.