Hace un año, ante la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento, el presidente terminó decretando el PGN y congelando una parte para equilibrarlo. Ahora, con un faltante de $26,3 billones y una fuerte reticencia del Legislativo, se allana nuevamente el camino para que el Ejecutivo tome el control. Si el Congreso no aprueba el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre, el Gobierno queda facultado para sacarlo por decreto. Varios analistas señalan que este escenario podría convenirle al presidente, ya que le permite “esquivar el debate en el Congreso de la República”, el cual podría poner en riesgo artículos que le otorgan facultades especiales. Sin embargo, esta vía no resuelve el problema de fondo: el presupuesto nacería con un hueco fiscal de $26,3 billones. En ese caso, el Gobierno se vería obligado a realizar un ajuste fiscal, ya sea mediante recortes de gastos o asumiendo más deuda, una disyuntiva que, según expertos, tendría un impacto directo y negativo en la economía real, afectando subsidios, inversión y programas sociales.