Sin embargo, líderes religiosos se oponen firmemente.

El pastor Jemmay Andrés Figueroa Cuéllar argumenta que los recursos generados “no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales que llegan donde muchas veces el Estado no alcanza”.

En la misma línea, Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de Neiva, sostiene que el objetivo de estas actividades es “la construcción de tejido social”. Por otro lado, organizaciones como Dejusticia han defendido la medida, argumentando que las exenciones tributarias a las iglesias vulneran la libertad de cultos al favorecer a religiones institucionalizadas y desconocen que algunas de ellas “han amasado grandes fortunas”. Según datos de la DIAN, el patrimonio líquido de las iglesias en Colombia asciende a $19 billones, lo que ha avivado el debate sobre su contribución fiscal en un Estado que se define como laico.