Estas medidas buscan mayor progresividad, pero han sido criticadas por aumentar la carga sobre contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones.

En el impuesto sobre la renta para personas naturales, el proyecto eleva las tarifas marginales a partir de 4.100 UVT, con un techo del 41%.

Además, elimina beneficios como el descuento por dividendos y la deducción por dependientes.

El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, criticó este enfoque, argumentando que se “está subiendo la tributación a quienes siempre han cumplido” en lugar de perseguir a quienes llevan su dinero a “paraísos fiscales”. Según Reyes, una persona con ingresos de más de $10,2 millones mensuales, si bien está bien posicionada, no representa a los grandes capitales evasores. En cuanto al impuesto al patrimonio, la reforma propone una reducción considerable de la base exenta, pasando de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.992 millones), lo que ampliará el número de contribuyentes afectados.

A su vez, establece tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%.

Expertos advierten que estas medidas obligan a replantear las estrategias de planeación financiera y patrimonial, y podrían desincentivar la inversión.

Mauricio Marín Elizalde, socio de Bastet Family and Corporate Consulting, señaló: “Si el país quiere recursos, debe atraer inversión, no ahuyentarla”.