Esta iniciativa, la tercera del actual mandato, ha generado un intenso debate sobre la sostenibilidad fiscal del país y la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas. La propuesta surge de la necesidad de financiar un PGN que presenta un faltante de $26,3 billones, equivalente al 4,72% de su monto total. El Gobierno justifica la reforma argumentando la necesidad de cubrir brechas fiscales estructurales, entre ellas el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), los subsidios de energía y gas, y el pago de una línea de crédito flexible del FMI utilizada durante la pandemia. La urgencia de la medida ha sido enfatizada por el propio presidente Gustavo Petro, quien advirtió que “el Estado va a quebrar si el Senado no aprueba la Ley de financiamiento”. La iniciativa se presenta en un contexto de escepticismo, tras una reforma aprobada en 2022 y otra fallida previamente, y en medio de un clima preelectoral que complica su trámite. Críticos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señalan que la situación refleja “un grave problema de planificación financiera en el Gobierno al presentar presupuestos que no son financiables”, destacando que hay “montos desbordados y baja capacidad de recaudo”. El proyecto se ha convertido en el principal foco de la agenda económica y política, determinando no solo las finanzas del próximo año, sino también la confianza de inversionistas y la capacidad de gasto social del Estado.