Reforma tributaria revive la propuesta de gravar actividades comerciales de las iglesias

La ley de financiamiento del Gobierno Petro ha reabierto el controversial debate sobre la tributación de las iglesias en Colombia. El proyecto propone que las confesiones religiosas paguen impuesto de renta y complementarios sobre los ingresos que obtengan de actividades mercantiles no relacionadas directamente con el culto, como la operación de cafeterías, centros vacacionales, hoteles o estacionamientos. El Ministerio de Hacienda ha aclarado que la medida no busca gravar los ritos ni las donaciones de los fieles, sino únicamente las actividades comerciales que generan lucro. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por líderes religiosos, como el pastor Jemmay Andrés Figueroa, quien argumenta que dichos recursos "no buscan lucro personal, sino sostener obras sociales, educativas y espirituales que llegan donde muchas veces el Estado no alcanza".

En contraste, organizaciones como el centro de estudios Dejusticia han defendido la medida, apelando a los principios de un Estado laico y a la necesidad de equidad fiscal.

Dejusticia señala que las exenciones tributarias a las iglesias constituyen un subsidio que favorece a religiones institucionalizadas y que algunas congregaciones han amasado grandes fortunas, con un patrimonio líquido que, según la DIAN, asciende a $19 billones. Además, advierten sobre el riesgo de que algunas iglesias se conviertan en centros de lavado de activos sin un control estatal riguroso.

En resumen

La propuesta de imponer impuestos a los negocios de las iglesias enfrenta dos visiones opuestas: por un lado, la defensa de la equidad tributaria y la laicidad del Estado; por otro, la protección de la labor social que, según líderes religiosos, se financia con dichas actividades.

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