La medida ha sido ampliamente criticada por su carácter regresivo.

El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta afirmando que "el pobre no usa casi la gasolina", una declaración que generó una fuerte reacción de diversos sectores que argumentan que el 60% de los vehículos y el 95% de las motocicletas pertenecen a estratos bajos y medios. Gremios como Aconauto han calificado la medida como una "contradicción", ya que desincentiva la renovación del parque automotor hacia tecnologías más limpias, y advierten que el aumento en los combustibles impactará directamente los precios de la canasta básica familiar por el encarecimiento del transporte de alimentos y mercancías. Expertos han señalado que este efecto inflacionario afectaría principalmente a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a alimentos.

La propuesta es vista no solo como un golpe al bolsillo de la clase media y popular, sino también como un obstáculo a los propios objetivos de transición energética del Gobierno.