Para los críticos, esta medida evidencia una priorización del recaudo fiscal a corto plazo sobre las políticas ambientales a largo plazo.

En un momento en que el país necesita acelerar la adopción de vehículos de bajas emisiones, castigar fiscalmente a los híbridos es visto como un paso en la dirección equivocada, especialmente en ciudades intermedias donde la infraestructura para vehículos 100% eléctricos es aún limitada.