El proyecto planea elevar el IVA para rones y aguardientes del 5% al 19% y aumentar el impuesto al consumo, lo que podría incrementar el precio final al consumidor en más de un 60%.

Según estimaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una botella de aguardiente que hoy cuesta alrededor de $40.000 podría superar los $65.000.

Esta medida ha encendido las alarmas en las licoreras departamentales, que ven en riesgo su sostenibilidad financiera, y en las gobernaciones, cuyos ingresos para salud y deporte dependen en gran medida del recaudo por el consumo de licores. Gremios como Asobares han advertido sobre el impacto negativo en la economía nocturna y el turismo. Además, existe una preocupación generalizada de que un encarecimiento tan abrupto de los productos legales fomente el contrabando y la adulteración, lo que no solo reduciría el recaudo fiscal esperado sino que también representaría un grave riesgo para la salud pública. Aunque el Gobierno argumenta que la medida busca desincentivar el consumo de alcohol, los críticos señalan que el principal efecto será económico, afectando a toda una cadena productiva y las finanzas regionales.